domingo, 10 de agosto de 2008

Consejos comunales amplían su poder con las nuevas Leyes

La injerencia de los consejos comunales, de acuerdo con las leyes publicadas, se encuentra en las áreas agrícola, industrial y servicios
Esas instancias definirán patrones de consumo y vigilarán distribución de bienes

En el año 2006, el Ejecutivo nacional creó los consejos comunales para delegar en ellos la ejecución de los proyectos de las comunidades, pero poco a poco a esas instancias se les han dado más roles y ahora tienen una amplia participación dentro del modelo productivo socialista.
En las leyes que fueron aprobadas en el marco de la Habilitante y que están vigentes desde el pasado 31 de julio el poder popular ejercido por los consejos comunales está presente en el manejo de las áreas industrial, agrícola y servicios.
Estructura
El primer paso dado por el Gobierno para elevar el poder de los consejos comunales fue incorporarlos a la estructura de la administración pública.
La Ley Orgánica de la Administración Pública señala que se integran esas instancias, debido a que están financiadas con recursos públicos. Y dado que están dentro de la estructura oficial los consejos asumirán algunas actividades que ejercen los entes y órganos públicos.
Nuevo sistema nacional de vivienda
Este Decreto destaca por su característica social al favorecer el tema de la vivienda, en un país donde las invasiones toman la orden del día y el alquiler predomina sobre la propiedad a pesar de los miles de trabajadores que vienen aportando fielmente parte de su sueldo para el ahorro habitacional con la esperanza de hacer realidad el soñado techo propio. Sin embargo ese aporte porcentual resultaba para la gran mayoría de los venezolanos un imposible un dinero que se veía perdido.
Este nuevo Sistema Nacional de Viviendas incluye a los consejos comunales. Otro significativo aporte de la nueva ley establece que los créditos hipotecarios para viviendas principales podrán ser concedidos hasta por el cien por ciento (100%) del valor del inmueble. Se consagra la figura del crédito mixto que consiste en que todo usuario del sistema podrá optar a un préstamo a largo plazo que incluya la adquisición del terreno y la construcción de vivienda principal sobre el mismo.
El nuevo Banco Nacional de Vivienda y Habitat tendrá a su cargo el diseño de modelos para el financiamiento de libre escogencia.
Patrones
En la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, los consejos comunales definirán los patronos de consumo de cada región.
El Ejecutivo ha sido insistente en crear un plan para el "consumo necesario" y el mismo ya comienza a ejecutarse. En ese texto que define la seguridad alimentaria se señala que a través de programas sectoriales el Gobierno podrá establecer sujetos a los cuales se les otorgará prioridad en el consumo de determinados productos agrícolas. Los consejos comunales de cada región determinarán los niveles de consumo comunal por rubro e identificarán a los beneficiados con base en determinados parámetros: situación socioeconómica y producción.
Esa definición de los parámetros de consumo se complementa con la formulación en la política para la distribución de insumos, la cual se "adecuará a las características comunales de la región" y la fiscalización en la distribución de los bienes agrícolas a fin de evitar distorsiones como acaparamiento y abusos de posición de dominio.
Esa labor de inspección en la distribución de los insumos también se encuentra en la Ley para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual amplía la fiscalización hasta la etapa del consumo.
La banca, adicionalmente, tendrá que dar financiamientos a los planes de producción diseñados por organizaciones socioproductivas, empresas de producción social y cooperativas de propiedad comunal.
Complejo industrial
La participación de los consejos comunales no sólo se registra en el sector agrícola, sino que se extiende a la industria.
En la Ley para el Desarrollo de la Economía Popular se crea un sistema de producción manejado por comunidades. En ese texto están previstas las empresas de producción social, empresas de distribución social y unidades productivas familiares. Ese entramado se complementa con la constitución de un sistema de intercambio solidario, es decir, el trueque comunitario. Este esquema de producción tendrá su propio sistema monetario, debido a que avala la creación de monedas comunales que deberán estar sometidas a la regulación del (BCV).
En ese instrumento se indica que "el modelo productivo debe responder a las necesidades comunitarias y estar menos subordinadas a la reproducción del capital". Esas unidades abarcarán a los consejos comunales, cooperativas, unidades productivas familiares y demás modalidades que surjan en el seno de las comunidades. El Ejecutivo contempla que las grandes industrias tendrán que desarrollar programas con las pequeñas y medianas industrias y las unidades de producción social.
La participación de las comunidades será prioritaria en la actividad turística.
En la Ley Orgánica de Turismo se promociona el turismo social. En las disposiciones de ese marco legal se establece que el Estado será el encargado de promover la presencia de los consejos comunales en el desarrollo del turismo social y se contempla además al turismo como actividad comunitaria, de manera que "habrá participación de las comunidades en el control de la actividad turística".