Los efectivos justificaron la acción alegando que los campesinos eran en realidad guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Sin embargo, los testimonios de dos sobrevivientes y las evidencias encontradas demostraron que se trataba de campesinos y que no hubo razones para que el ejèrcito sospechara que eran guerrilleros. El caso provocó conmoción en el público venezolano, generando grandes manifestaciones pacíficas de rechazo. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y los dos sobrevivientes presentaron el caso en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual dictaminó en favor de los afectados y exigió al gobierno nacional pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos. Como consecuencia del caso fueron eliminados los Teatros de Operaciones (especie de comandos de simulación de guerra en tiempos de paz) que funcionaban en las zonas fronterizas de Apure (en donde ocurrió la masacre), Táchira y Zulia
A 20 años de la masacre de El Amparo, hecho justificado con una mentira
Muchas veces las cosas no se presentan como son, tal y como ocurrió con la masacre de pescadores ocurrida un 29 de octubre de 1988, quienes viajaban en una lancha en busca de Coporo, en El Amparo, estado Apure, y a quienes el Gobierno de entonces calificó como guerrilleros para justificar la matanza.
En el caño La Colorada, cerca de las 11:00 de la mañana de ese 29 de octubre, 16 pescadores que viajaban en una lancha en busca de Coporo, en El Amparo, fueron atacados, de los cuales 14 de ellos no regresaron y sólo José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla sobrevivieron para contarlo.
El Amparo está ubicado en el municipio Páez del estado Apure, Distrito Páez. Esta jurisdicción representa 15% del total de los límites entre Venezuela y Colombia, lo que le otorga una especial significación geopolítica para el país.
Este suceso también es conocido como la Masacre de La Colorada, matanza que fue coordinada por el coronel (Ej) Enrique Vivas Quintero, comandante militar de la zona.
¿Cómo fueron los hechos?
La operación fue ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado que vigilaban la región.
El comando específico justificó su acción al calificar al grupo de pescadores como guerrilleros, que probablemente preparaban una acción.
Sin embargo, las ropas que vestían, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes hicieron que la opinión pública se sintiera burlada tanto por los jefes de la operación, como por el propio presidente de entonces, Jaime Lusinchi, quien avaló públicamente esta versión de los hechos.
Aquel montaje gubernamental se deshizo tras el testimonio de los sobrevivientes, Wilmer Pinilla y Jose Augusto Arias, quienes no tienen vocación de héroes, pero su determinación en difundir la verdad puso a prueba su dignidad y los ha marcado de por vida.
Corrían los días finales de la presidencia de Jaime Lusinchi. En uno de los amplios salones del palacio de Gobierno, la denominada Unidad de Programación Especial para el Desarrollo del Suroeste de Venezuela (Upesuroeste), que funcionaba bajo la tutela del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, expuso los resultados de un diagnóstico que realizó, con el objetivo de adelantar un Plan Operativo de Desarrollo para el Distrito Páez del estado Apure.
Según el diagnóstico, existía en la zona un déficit de instalaciones educativas, carencia de unas 5 mil unidades habitacionales, falta de equipamiento médico, pero el acento de aquel informe está colocado en señalar que en la zona “el tráfico de drogas, la intimidación, extorsión, secuestro de productores de la región han generado un clima de inseguridad personal que, aunado a la precaria presencia institucional de Venezuela en sus fronteras, pone en peligro la soberanía e integridad territorial del país” (Upesuroeste, 1987).
Se abrió, así, la hipótesis de la presencia, nunca confirmada, de focos subversivos (guerrilleros o paramilitares) provenientes de Colombia en el estado Apure.
El Cejap
Pero como las democracias de derecha siempre han actuado de forma represiva, pasando por encima de los más elementales derechos ciudadanos y apoyando a los que más tienen, en este caso a los ganaderos de Apure, se buscó una fórmula militar para exterminar aquel naciente foco aún sin confirmar.
El entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi, firmó el decreto presidencial número 1.810, mediante el cual se daba luz verde al nacimiento del Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez (Cejap).
Ante este panorama, la voz del entonces director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), vicealmirante Rodríguez Citrato, quedó muda a pesar de asegurar: “Efectivamente, para ese momento teníamos la convicción de que, salvo algunas incursiones de tipo táctico evasivos a los enfrentamientos con el ejército colombiano, no tenían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ni el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ni ninguna de la organizaciones subversivas colombianas que estaban actuando en la frontera del lado colombiano intereses u objetivos militares en el territorio venezolano”.
El Cejap dependía directamente del presidente Lusinchi y estaba integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas, la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DIM), Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Dirección General Sectorial de Identificación y Extranjería (antigua Diex) y Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), según consta en la Gaceta Oficial número 33.838, de fecha 4 de noviembre de 1987, y uno de los cabecillas del Cejap sería el tristemente célebre comisario Henry López Sisco
Anguila III
El Cejap había decidido aplicar la operación llamada Anguila III, el 29 de octubre de 1988, en el caño La Colorada, ya que labores de inteligencia, según dijeron, apuntaban hacia la presunta presencia de guerrilleros en ese lugar.
El capitán Alí Coromoto González fue quien comandó la operación. Lo acompañaron el maestro técnico de primera (Ej) Ernesto Morales Gómez, conocido también por el alías de El Mono; el sargento técnico de primera (Ej) Omar Antonio Pérez Hudson y el sargento mayor de segunda (Ej) Salvador Ortiz Hernández.
Aunque la comandancia de esta operación dependía de los cuerpos militares, el mayor número de efectivos era de la Disip, que destinó nueve funcionarios para esta operación y la CTPJ, que designó seis funcionarios. En total, 19 hombres salieron en la comisión.
De la Disip participaron: el comisario general Andrés Alberto Román Romero (alias 'Mario'); el comisario Maximiliano José Monsalve Planchart; el inspector jefe de Unidad Vecinal Celso José Rincón Fuentes (alias 'Hipólito'); el inspector jefe Carlos Alberto Durán Tolosa (alias 'Cocoliso'); el inspector José Ramón Zerpa Póveda; el inspector Luis Alberto Villamizar; el subinspector Franklin Gómez Rodríguez; el subinspector Omar Gregorio Márquez y el detective Tonny Richard Urbina Sojo.
Por la CTPJ fueron: el subcomisario Florencio Javier López; el inspector jefe Edgar Arturo Mendoza Guanaguaney (conocido también como 'Mendocita'); los subinspectores Alfredo José Montero y Jesús Rafael Rodríguez Salazar, junto con Daniel Virgilio Vitanare Gómez y Gerardo Rugeles Molina, con rangos de Agente Principal y Sumariador III, respectivamente.
La estructura inmediata de mando de la unidad del Cejap que actuó en La Colorada estaba conformada por el coronel (Ej) Enrique José Vivas Quintero, comandante del Cejap, y por el general de Brigada (Ej) Humberto Antonio Camejo Arias, jefe de la Segunda División de Infantería y Guarnición del estado Táchira, a la cual estaba adscrito el Cejap.
La actuación fue simple: avistaron la embarcación con los 16 pescadores a bordo y se dio la señal.
¿Qué pasó después?
El suceso produce un escándalo de gran resonancia, conmoción en el público venezolano y grandes manifestaciones pacíficas de rechazo.
Se produjo un largo proceso judicial y, finalmente, organizaciones de defensa de los derechos humanos y los dos sobrevivientes presentaron el caso en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual dictaminó a favor de los afectados y exigió al Gobierno Nacional pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos para resarcir los daños materiales sufridos.
A consecuencia del caso fueron eliminados los teatros de operaciones que funcionaban en las zonas fronterizas de Apure donde ocurrió la masacre, así como en Táchira y Zulia.
La mentira
Mientras el Gobierno de Jaime Lusinchi insistía en que se trató de un enfrentamiento contra un grupo guerrillero de Colombia, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla, sobrevivientes de la masacre, lograron llegar al pueblo y allí fueron protegidos por los habitantes de El Amparo, hasta que llegó el diputado Walter Márquez, junto con un fiscal del Ministerio Público y pudieron llevar a los únicos testigos de la masacre hasta San Cristóbal, estado Táchira, donde fueron protegidos.
Fueron calificados como guerrilleros. No obstante, los caídos vestían ropas que indicaban lo contrario, no se les encontró ningún arma y el testimonio de dos sobrevivientes hizo que la opinión pública nacional se sintiera burlada tanto por los jefes de la operación, como por el propio presidente, Jaime Lusinchi, quien avalaba públicamente esta versión de los hechos.
Los medios de comunicación, que por muchos meses callaron y no investigaron las muertes anteriores ocurridas en la zona, que al llegar la masacre de La Colorada ya sumaban cerca de 30 muertes, sucumbieron ante la vorágine que se formó en torno a la verdad.
La estrategia de calificar de guerrilleros a las víctimas, avalados por la asociación de ganaderos de la zona que magnificaba las muertes de los “guerrilleros” en pro de la paz del lugar se derrumbó, así como la tesis del Gobierno.
El 30 de junio de 1998, 10 años más tarde, la Corte Marcial Ad-hoc absolvió de responsabilidad a los 19 funcionarios del Cejap que actuaron el 29 de octubre de 1988.
Esta es la lista de las personas que perdieron la vida en la masacre de El Amparo: José Indalecio Guerrero; Rigo José Araujo; Julio Pastor Ceballos; Carlos Antonio Eregua; Arin Obadías Maldonado; Moisés Antonio Blanco; Luis Alfredo Berríos; Emeterio Marino Vivas; Rafael Magín Moreno; Pedro Indalecio Mosqueda; José Mariano Torrealba; José Ramón Puerta García; José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
A 20 años de la masacre de El Amparo, hecho justificado con una mentira
Muchas veces las cosas no se presentan como son, tal y como ocurrió con la masacre de pescadores ocurrida un 29 de octubre de 1988, quienes viajaban en una lancha en busca de Coporo, en El Amparo, estado Apure, y a quienes el Gobierno de entonces calificó como guerrilleros para justificar la matanza.
En el caño La Colorada, cerca de las 11:00 de la mañana de ese 29 de octubre, 16 pescadores que viajaban en una lancha en busca de Coporo, en El Amparo, fueron atacados, de los cuales 14 de ellos no regresaron y sólo José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla sobrevivieron para contarlo.
El Amparo está ubicado en el municipio Páez del estado Apure, Distrito Páez. Esta jurisdicción representa 15% del total de los límites entre Venezuela y Colombia, lo que le otorga una especial significación geopolítica para el país.
Este suceso también es conocido como la Masacre de La Colorada, matanza que fue coordinada por el coronel (Ej) Enrique Vivas Quintero, comandante militar de la zona.
¿Cómo fueron los hechos?
La operación fue ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado que vigilaban la región.
El comando específico justificó su acción al calificar al grupo de pescadores como guerrilleros, que probablemente preparaban una acción.
Sin embargo, las ropas que vestían, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes hicieron que la opinión pública se sintiera burlada tanto por los jefes de la operación, como por el propio presidente de entonces, Jaime Lusinchi, quien avaló públicamente esta versión de los hechos.
Aquel montaje gubernamental se deshizo tras el testimonio de los sobrevivientes, Wilmer Pinilla y Jose Augusto Arias, quienes no tienen vocación de héroes, pero su determinación en difundir la verdad puso a prueba su dignidad y los ha marcado de por vida.
Corrían los días finales de la presidencia de Jaime Lusinchi. En uno de los amplios salones del palacio de Gobierno, la denominada Unidad de Programación Especial para el Desarrollo del Suroeste de Venezuela (Upesuroeste), que funcionaba bajo la tutela del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, expuso los resultados de un diagnóstico que realizó, con el objetivo de adelantar un Plan Operativo de Desarrollo para el Distrito Páez del estado Apure.
Según el diagnóstico, existía en la zona un déficit de instalaciones educativas, carencia de unas 5 mil unidades habitacionales, falta de equipamiento médico, pero el acento de aquel informe está colocado en señalar que en la zona “el tráfico de drogas, la intimidación, extorsión, secuestro de productores de la región han generado un clima de inseguridad personal que, aunado a la precaria presencia institucional de Venezuela en sus fronteras, pone en peligro la soberanía e integridad territorial del país” (Upesuroeste, 1987).
Se abrió, así, la hipótesis de la presencia, nunca confirmada, de focos subversivos (guerrilleros o paramilitares) provenientes de Colombia en el estado Apure.
El Cejap
Pero como las democracias de derecha siempre han actuado de forma represiva, pasando por encima de los más elementales derechos ciudadanos y apoyando a los que más tienen, en este caso a los ganaderos de Apure, se buscó una fórmula militar para exterminar aquel naciente foco aún sin confirmar.
El entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi, firmó el decreto presidencial número 1.810, mediante el cual se daba luz verde al nacimiento del Comando Específico General en Jefe José Antonio Páez (Cejap).
Ante este panorama, la voz del entonces director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), vicealmirante Rodríguez Citrato, quedó muda a pesar de asegurar: “Efectivamente, para ese momento teníamos la convicción de que, salvo algunas incursiones de tipo táctico evasivos a los enfrentamientos con el ejército colombiano, no tenían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ni el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ni ninguna de la organizaciones subversivas colombianas que estaban actuando en la frontera del lado colombiano intereses u objetivos militares en el territorio venezolano”.
El Cejap dependía directamente del presidente Lusinchi y estaba integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas, la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DIM), Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Dirección General Sectorial de Identificación y Extranjería (antigua Diex) y Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), según consta en la Gaceta Oficial número 33.838, de fecha 4 de noviembre de 1987, y uno de los cabecillas del Cejap sería el tristemente célebre comisario Henry López Sisco
Anguila III
El Cejap había decidido aplicar la operación llamada Anguila III, el 29 de octubre de 1988, en el caño La Colorada, ya que labores de inteligencia, según dijeron, apuntaban hacia la presunta presencia de guerrilleros en ese lugar.
El capitán Alí Coromoto González fue quien comandó la operación. Lo acompañaron el maestro técnico de primera (Ej) Ernesto Morales Gómez, conocido también por el alías de El Mono; el sargento técnico de primera (Ej) Omar Antonio Pérez Hudson y el sargento mayor de segunda (Ej) Salvador Ortiz Hernández.
Aunque la comandancia de esta operación dependía de los cuerpos militares, el mayor número de efectivos era de la Disip, que destinó nueve funcionarios para esta operación y la CTPJ, que designó seis funcionarios. En total, 19 hombres salieron en la comisión.
De la Disip participaron: el comisario general Andrés Alberto Román Romero (alias 'Mario'); el comisario Maximiliano José Monsalve Planchart; el inspector jefe de Unidad Vecinal Celso José Rincón Fuentes (alias 'Hipólito'); el inspector jefe Carlos Alberto Durán Tolosa (alias 'Cocoliso'); el inspector José Ramón Zerpa Póveda; el inspector Luis Alberto Villamizar; el subinspector Franklin Gómez Rodríguez; el subinspector Omar Gregorio Márquez y el detective Tonny Richard Urbina Sojo.
Por la CTPJ fueron: el subcomisario Florencio Javier López; el inspector jefe Edgar Arturo Mendoza Guanaguaney (conocido también como 'Mendocita'); los subinspectores Alfredo José Montero y Jesús Rafael Rodríguez Salazar, junto con Daniel Virgilio Vitanare Gómez y Gerardo Rugeles Molina, con rangos de Agente Principal y Sumariador III, respectivamente.
La estructura inmediata de mando de la unidad del Cejap que actuó en La Colorada estaba conformada por el coronel (Ej) Enrique José Vivas Quintero, comandante del Cejap, y por el general de Brigada (Ej) Humberto Antonio Camejo Arias, jefe de la Segunda División de Infantería y Guarnición del estado Táchira, a la cual estaba adscrito el Cejap.
La actuación fue simple: avistaron la embarcación con los 16 pescadores a bordo y se dio la señal.
¿Qué pasó después?
El suceso produce un escándalo de gran resonancia, conmoción en el público venezolano y grandes manifestaciones pacíficas de rechazo.
Se produjo un largo proceso judicial y, finalmente, organizaciones de defensa de los derechos humanos y los dos sobrevivientes presentaron el caso en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual dictaminó a favor de los afectados y exigió al Gobierno Nacional pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos para resarcir los daños materiales sufridos.
A consecuencia del caso fueron eliminados los teatros de operaciones que funcionaban en las zonas fronterizas de Apure donde ocurrió la masacre, así como en Táchira y Zulia.
La mentira
Mientras el Gobierno de Jaime Lusinchi insistía en que se trató de un enfrentamiento contra un grupo guerrillero de Colombia, José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla, sobrevivientes de la masacre, lograron llegar al pueblo y allí fueron protegidos por los habitantes de El Amparo, hasta que llegó el diputado Walter Márquez, junto con un fiscal del Ministerio Público y pudieron llevar a los únicos testigos de la masacre hasta San Cristóbal, estado Táchira, donde fueron protegidos.
Fueron calificados como guerrilleros. No obstante, los caídos vestían ropas que indicaban lo contrario, no se les encontró ningún arma y el testimonio de dos sobrevivientes hizo que la opinión pública nacional se sintiera burlada tanto por los jefes de la operación, como por el propio presidente, Jaime Lusinchi, quien avalaba públicamente esta versión de los hechos.
Los medios de comunicación, que por muchos meses callaron y no investigaron las muertes anteriores ocurridas en la zona, que al llegar la masacre de La Colorada ya sumaban cerca de 30 muertes, sucumbieron ante la vorágine que se formó en torno a la verdad.
La estrategia de calificar de guerrilleros a las víctimas, avalados por la asociación de ganaderos de la zona que magnificaba las muertes de los “guerrilleros” en pro de la paz del lugar se derrumbó, así como la tesis del Gobierno.
El 30 de junio de 1998, 10 años más tarde, la Corte Marcial Ad-hoc absolvió de responsabilidad a los 19 funcionarios del Cejap que actuaron el 29 de octubre de 1988.
Esta es la lista de las personas que perdieron la vida en la masacre de El Amparo: José Indalecio Guerrero; Rigo José Araujo; Julio Pastor Ceballos; Carlos Antonio Eregua; Arin Obadías Maldonado; Moisés Antonio Blanco; Luis Alfredo Berríos; Emeterio Marino Vivas; Rafael Magín Moreno; Pedro Indalecio Mosqueda; José Mariano Torrealba; José Ramón Puerta García; José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
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