martes, 14 de julio de 2009

Fiscalía determinará responsabilidades por ecocidio en Baruta

FISCALÍA LE METE EL OJO A LOS ECOCIDIOS DE EL HATILLO Y BARUTA
La Dirección Estadal de Ambiente del Distrito Capital y Miranda entregó a la Comisión de Ambiente copia de la orden de paralización del megacentro comercial construido por la empresa Promociones Tántalo; mientras que la Electricidad de Caracas descontinuó el suministro de energía eléctrica requerido para la continuidad de la obra
La participación de los vecinos fue determinante para lograr la orden de paralización de la construcción del megacentro comercial en la urbanización La Trinidad, del municipio Baruta del estado Miranda, por parte de la Dirección Estadal de Ambiente (DEA) y la actuación de la Fiscalía Ambiental Nacional.
En la reunión de este martes propiciada por la Subcomisión de Evaluación, Seguimiento y Control de la Comisión Permanente de Ambiente, delegados del Consejo Comunal Ríos de Venezuela, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario ratificaron sus denuncias sobre los daños ocasionados a las cinco hectáreas de bosque natural húmedo y a los 25 bloques donde habitan, ubicados en la avenida Los Guayabitos.
Por el Consejo Comunal Ríos de Venezuela, Tamara Parra inició la presentación de un video donde demuestra que en realidad en esa zona existía un bosque: “...allí podemos ver parte de la vegetación que había, en el fondo están las máquinas haciendo la deforestación y aquí se nota que al río La Guairita le cambiaron el cauce”.
Cada una de las láminas demuestra el derribo de bucares centenarios, jabillos así como de bambúes que son árboles protegidos, “esa carretera, gracias al pilotaje que hicieron en la obra está fracturada, la familia que vive arriba está a punto de quedar aislada y que se les caiga una de las casas, el terreno cedió”.
Otros miembros del Consejo Comunal apuntaron que entre las especies animales de la zona destruida figuraban: perezas, cachicamos, lapas, loros, monos y otras pertenecientes a la fauna silvestre que también están protegidas por ley.
Por las instituciones
Al encuentro también asistieron los representantes de la Dirección de Ingeniería Municipal de Baruta, de la Dirección de Vialidad y Transporte; Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Dirección Estadal de Ambiente del distrito Capital y Miranda, la Electricidad de Caracas y la diputada del Circuito, Romelia Matute.
El diputado Carlos Medina coordinador de la mesa manifestó su satisfacción por el procedimiento de investigación abierto por la Fiscalía Ambiental Nacional, para determinar el alcance de los ilícitos ambientales. Mientras que el diputado Luis Eduardo Sánchez, miembro de la Subcomisión suscribió la actuación de la DEA-Distrito Capital y Miranda por la paralización de la obra.
“Nosotros estamos propiciamos esta mesa técnica y tomaremos decisiones; también como ente contralor vigilaremos esta investigación y continúe de acuerdo a la ley y el debido proceso”, comentó Medina.
Los resultados de la mesa serán remitidos a la Fiscalía tal y como ha solicitado, quien con base a estos valorará las actuaciones de la empresa, de la Alcaldía del Municipio Baruta, y del Ministerio de Ambiente por permitir la construcción de este centro comercial en un área boscosa de 5 hectáreas y media.
Estaremos atentos
La diputada por el circuito, Romelia Matute, considera la decisión de paralizar la obra como un punto a favor de la calidad de vida de los vecinos, y se mostró a favor de la canalización del río que había sido destruida por la empresa constructora y de la reparación de una parte de la avenida.
“Esta obra estaba siendo ejecutada sin el permiso de impacto ambiental correspondiente, ellos tienen todos los permisos de la Alcaldía, pero el ecocidio se cometió bajo protesta fundada de los vecinos, y la Alcaldía no hizo caso de los consejos comunales de La Trinidad”.
“Los vecinos estamos atentos y esperamos que todas las obras en Baruta y El Hatillo se paralicen por daños al ambiente y otras irregularidades, vamos a insistir en la reparación del daño causado al ambiente en estos dos municipios”, destacó Matute.
“Poco se habla de ello, pero los grandes inversionistas deben ser sancionados, así como todos los que otorgaron los permisos, están dañando a la gente, deberán ser encarcelados”.