El asesor comunicacional de la Presidencia de la República, Julio Moros, informó que han debatido, en el Congreso Nacional de Medios Comunitarios Alternativos, una propuesta de legislación para los medios comunitarios, la cual se llamaría Ley de Sistema Nacional de Comunicación Popular Comunitaria y Alternativa.
“Las mesas de trabajo han arrojado bastantes resultados como lo es el fortalecimiento en materia jurídica, política y social de lo que es la comunicación popular. De manera, que los actores y sujetos políticos sociales puedan asumir la comunicación, no por un hecho mercantil o comercial, sino por un hecho social”, aseguró Moros en declaraciones a Unión Radio.
El experto en comunicaciones destacó que eso sería muy diferente en vez de seguir otorgando mecanismos para que personas específicas utilicen el espacio de la comunicación, como el espacio radioeléctrico, para difundir mecanismos de dominación, “sino formas de comunicación que atentan contra la libertad de los pueblos”.
En principio, se incluiría en la Ley de los Medios Comunitarios aquellos medios que no están contemplados tales como los digitales y los impresos, también tendrían que formalizarse las organizaciones en redes, dijo Moros. También están planteando un Fondo Nacional que financie y le dé sustentabilidad a los medios comunitarios, porque el mecanismo de financiamiento de estos medios es a través de la pauta publicitaria, y “esa es un herramienta que no ha sido equitativa y que incluso, genera divisiones y condicionamiento en la información”.
Los cambios del espectro radioeléctrico
Ante los anuncios oficiales relativos a una posible modificación del estatus vigente de los medios radioeléctricos, el Observatorio Global de Medios de Venezuela cree oportuno plantear ante la opinión pública lo siguiente:
El Observatorio considera necesario recordar que las ondas radioeléctricas son patrimonio de la Humanidad, administradas por cada Estado, en consecuencia, ningún particular puede ser propietario de una frecuencia, pues solo tiene derecho a usufructuar una concesión otorgada por el Estado. El uso de las ondas radioeléctricas es para la nación en su totalidad y corresponde al Estado tomar las medidas administrativas acorde con los marcos legales establecidos.
En el caso venezolano, no solo es procedente sino necesario democratizar el uso de ese bien público, mediante una redistribución de frecuencias y licencias, que permita una distribución equitativa entre el sector estatal, el privado y el espacio público. Asimismo, es necesario establecer una vigilancia de su uso a través de un marco regulatorio que garantice el uso democrático de los mismos.
Tanto el sector mediático privado con fines de lucro, como el sector estatal deben obtener cada uno una tercera parte de las frecuencias existentes. La otra tercera parte debe otorgársele al llamado espacio público, conformado por sectores universitarios, educativos, culturales, comunitarios, organizaciones sindicales, indígenas, afrodescendientes, como también a grupos urbanos organizados que garanticen el uso de esos medios concebidos como servicio público. El fin último de la democratización es lograr la participación de todos los ciudadanos. El Observatorio alerta que hoy existen muchas emisoras radiales y algunas televisivas clasificadas como "comunitarias" que no representan ni son voz de las comunidades.
El otorgamiento de las licencias para el uso del espectro radioeléctrico en todas sus variantes, realizado durante la llamada “Cuarta República”, tuvo casi exclusivamente el fin de lucro. Con los cambios socio-políticos de los últimos 10 años, a ese fin inicial, en la mayoría de los casos, se agregó y, a veces en forma casi exclusiva, un objetivo político que en determinadas circunstancias asumió características subversivas contra el poder constitucionalmente constituido. Por esa razón, el Observatorio considera que no es suficiente realizar una nueva redistribución de las licencias efectivamente democrática. Es necesario tener presente que la cartelización de los medios privados venezolanos no se basa tanto en el régimen de transmisión (redes) como en la difusión unívoca de mensajes. De allí la necesidad de establecer un marco regulatorio preciso que, en ningún caso, debería atentar contra la libertad de expresión, principio considerado como el valor absoluto en un sistema democrático.
El Observatorio recomienda que, en los nuevos marcos legales, se tome en consideración que la producción nacional independiente de contenidos debe realizarse con el fomento del Estado, de acuerdo a un plan nacional que garantice su pluralidad y diversidad. Asimismo, ese nuevo marco legal debe garantizar plena independencia al llamado sector público de medios, no solo de los grandes sectores empresariales sino también del sector oficial.
En la elaboración de ese marco regulatorio del funcionamiento de los medios radioeléctricos, que debe ser debatido ampliamente por comunicadores, empresarios, parlamentarios, académicos, funcionarios, movimientos sociales y usuarios, es necesario partir de la normativa legal ya existente: Constitución Nacional, Código Penal y las Normas Éticas de los periodistas.
Maryclen Stelling
“Las mesas de trabajo han arrojado bastantes resultados como lo es el fortalecimiento en materia jurídica, política y social de lo que es la comunicación popular. De manera, que los actores y sujetos políticos sociales puedan asumir la comunicación, no por un hecho mercantil o comercial, sino por un hecho social”, aseguró Moros en declaraciones a Unión Radio.
El experto en comunicaciones destacó que eso sería muy diferente en vez de seguir otorgando mecanismos para que personas específicas utilicen el espacio de la comunicación, como el espacio radioeléctrico, para difundir mecanismos de dominación, “sino formas de comunicación que atentan contra la libertad de los pueblos”.
En principio, se incluiría en la Ley de los Medios Comunitarios aquellos medios que no están contemplados tales como los digitales y los impresos, también tendrían que formalizarse las organizaciones en redes, dijo Moros. También están planteando un Fondo Nacional que financie y le dé sustentabilidad a los medios comunitarios, porque el mecanismo de financiamiento de estos medios es a través de la pauta publicitaria, y “esa es un herramienta que no ha sido equitativa y que incluso, genera divisiones y condicionamiento en la información”.
Los cambios del espectro radioeléctrico
Ante los anuncios oficiales relativos a una posible modificación del estatus vigente de los medios radioeléctricos, el Observatorio Global de Medios de Venezuela cree oportuno plantear ante la opinión pública lo siguiente:
El Observatorio considera necesario recordar que las ondas radioeléctricas son patrimonio de la Humanidad, administradas por cada Estado, en consecuencia, ningún particular puede ser propietario de una frecuencia, pues solo tiene derecho a usufructuar una concesión otorgada por el Estado. El uso de las ondas radioeléctricas es para la nación en su totalidad y corresponde al Estado tomar las medidas administrativas acorde con los marcos legales establecidos.
En el caso venezolano, no solo es procedente sino necesario democratizar el uso de ese bien público, mediante una redistribución de frecuencias y licencias, que permita una distribución equitativa entre el sector estatal, el privado y el espacio público. Asimismo, es necesario establecer una vigilancia de su uso a través de un marco regulatorio que garantice el uso democrático de los mismos.
Tanto el sector mediático privado con fines de lucro, como el sector estatal deben obtener cada uno una tercera parte de las frecuencias existentes. La otra tercera parte debe otorgársele al llamado espacio público, conformado por sectores universitarios, educativos, culturales, comunitarios, organizaciones sindicales, indígenas, afrodescendientes, como también a grupos urbanos organizados que garanticen el uso de esos medios concebidos como servicio público. El fin último de la democratización es lograr la participación de todos los ciudadanos. El Observatorio alerta que hoy existen muchas emisoras radiales y algunas televisivas clasificadas como "comunitarias" que no representan ni son voz de las comunidades.
El otorgamiento de las licencias para el uso del espectro radioeléctrico en todas sus variantes, realizado durante la llamada “Cuarta República”, tuvo casi exclusivamente el fin de lucro. Con los cambios socio-políticos de los últimos 10 años, a ese fin inicial, en la mayoría de los casos, se agregó y, a veces en forma casi exclusiva, un objetivo político que en determinadas circunstancias asumió características subversivas contra el poder constitucionalmente constituido. Por esa razón, el Observatorio considera que no es suficiente realizar una nueva redistribución de las licencias efectivamente democrática. Es necesario tener presente que la cartelización de los medios privados venezolanos no se basa tanto en el régimen de transmisión (redes) como en la difusión unívoca de mensajes. De allí la necesidad de establecer un marco regulatorio preciso que, en ningún caso, debería atentar contra la libertad de expresión, principio considerado como el valor absoluto en un sistema democrático.
El Observatorio recomienda que, en los nuevos marcos legales, se tome en consideración que la producción nacional independiente de contenidos debe realizarse con el fomento del Estado, de acuerdo a un plan nacional que garantice su pluralidad y diversidad. Asimismo, ese nuevo marco legal debe garantizar plena independencia al llamado sector público de medios, no solo de los grandes sectores empresariales sino también del sector oficial.
En la elaboración de ese marco regulatorio del funcionamiento de los medios radioeléctricos, que debe ser debatido ampliamente por comunicadores, empresarios, parlamentarios, académicos, funcionarios, movimientos sociales y usuarios, es necesario partir de la normativa legal ya existente: Constitución Nacional, Código Penal y las Normas Éticas de los periodistas.
Maryclen Stelling
