ASAMBLE NACIONAL APROBO APOYO A CONATEL POR MEDIDAS CONTRA EL LATIFUNDIO

Asamblea Nacional aprobó apoyo a Conatel por medidas contra latifundio mediático
El acuerdo da apoyo a las medidas tomadas por el Ministerio dirigido por Dosdado Cabello, "a los fines de garantizar la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio mediático, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano". Apoyan dar continuidad a las investigaciones.
La Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en respaldo a las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, a través del ministro Diosdado Cabello, en el sector de las telecomunicaciones presentado por el diputado Manuel Villalba .
El texto del Acuerdo es el siguiente:
Considerando, que CONATEL en uso de sus atribuciones, el pasado mes de junio, realizó formalmente una jornada de actualización de datos a todas aquellas personas que han recibido concesiones para el uso del espectro radioeléctrico con el objeto de regularizar su situación ante dicha Comisión conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
Considerando, que producto de la jornada de actualización de datos, antes señalada, se determinó que en Venezuela unas pocas familias, 27 en total, poseen de manera privilegiada más del 32% del espectro radioeléctrico del país, lo cual demuestra la existencia de un latifundio mediático, ameritando, en consecuencia, la aplicación de medidas jurídicas legales tendentes a lograr su urgente democratización;
Considerando, que más del 40% del espectro radioeléctrico, está siendo utilizado y explotado de manera ilegal, según los datos obtenidos mediante la actualización de datos corroborados por CONATEL, contraviniendo así lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el que se establece que: “El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión de conformidad con la ley”, así como lo establecido en el artículo 73: “Los Derechos sobre uso y explotación del espectro radioeléctrico derivado de una concesión, no podrán cederse o enajenarse…” y de la providencia administrativa a través de la cual se determinan las porciones del espectro radioeléctrico disponibles las cuales serán objeto de un procedimiento de oferta pública;
Considerando, que el 59% del total de las emisoras de Frecuencia Modulada (FM) y de Amplitud Modelada (AM), se encuentran constituidas en circuitos radiofónicos, lo cual va en detrimento de los productores nacionales independientes de las regiones, contribuyendo con ello al latifundio mediático, no permitiendo así la democratización efectiva de la información;
Considerando, que el cúmulo de denuncias en contra de las empresas prestadoras del servicio de televisión por suscripción (cable operadoras), motivado a irregularidades en su funcionamiento, contravienen los objetivos generales contemplados en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, lo cual demanda la aplicación de medidas en beneficio de los usuarios y usuarias y del pueblo venezolano en general;
Considerando, que la campaña mediática multimillonaria de las organizaciones CEDICE y ASOESFUERZO, utilizados en contra del Anteproyecto de la Ley de Propiedad Social, atentan contra la moral, la paz y la tranquilidad de la República, con el agravante de la no demostración del origen de los fondos utilizados en esa miserable campaña de manipulación y engaño, y en con la perversa intención de generar miedo, confusión y terror en la gente; hecho este que reclama la apertura de una exhaustiva investigación por parte de los organismos competentes, ante la presunta violación del artículo 1171, numeral 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el cual establece: “El que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones para los cuales esta habilitado como medios para coadyuvar en la comisión de delitos, será sancionado con la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión y según sea el caso”;
Considerando, que es deber del Estado proteger la salud mental de los venezolanos y de las venezolanas contra el terrorismo mediático, ejercido por medios de comunicación privados con líneas editoriales al servicio de los intereses de la oligarquía tanto nacional como internacional, basado en lo establecido en el artículo 83 de la Carta Magna, que declara: “La salud es un derecho fundamental obligatorio del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida…” y del artículo 102 de la misma: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, el Estado asumirá como función indeclinable y máximo interés en todos sus niveles y modalidades…”;
Considerando, que es deber del Ejecutivo Nacional garantizar en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, anunciantes, productores nacionales e independientes, productores nacionales asociados y de los usuarios y usuarias para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes y derechos promoviendo la justicia social y contribuyendo a una sana formación ciudadana;
Considerando, que en el informe sobre violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias por parte de las empresas de televisión por suscripción presentado por la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, en fecha 20 de abril del presente año, producto de una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades por parte de los diferentes medios de comunicación social, se recomienda a CONATEL iniciar un proceso de revisión de todos los contratos suscritos entre otros aspectos.
Acuerda
1.- Respaldar categóricamente las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda, a los fines de garantizar la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio mediático, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano.
2.- Darle continuidad a las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, de acuerdo a las denuncias consignadas por las usuarias y usuarios, organizaciones sociales y productores audiovisuales independientes ante el Poder Legislativo en coordinación con el Ejecutivo Nacional.
El debate
El debate fue iniciado por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, diputado Manuel Villalba (Monagas) quien manifestó que el tema ha generado una serie de comentarios alejados de los establecido en las leyes de Telecomunicaciones y la de Responsabilidad Social en Radio y TV.
El parlamentario agregó que la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 73 establece que está prohibido ceder, enajenar, vender lo que tiene que ver con las concesiones del espectro radioeléctrico, que son intransferibles.
Asimismo indicó que el espectro radioeléctrico pertenece al Estado venezolano que las otorga mediante concesión de manera personal a particulares, existiendo personas que han obtenido algunas concesiones radioeléctricas con las cuales han realizado todo tipo de negociaciones.
Asimismo indicó CONATEL solicitó a todas las radioemisoras que presentarán la actualización de sus datos, donde la mayoría de ellas presentaron la documentación requerida y aquellas personas que no acudieron ante el organismo contralor para ponerse al día con los papeles requeridos se debe a que se encuentran operando en forma ilegal.
Sobre las empresas cable operadoras indicó que esas empresas imponen cuotas y tarifas mensuales a los productores nacionales audiovisuales, que además de ser exorbitantes son aumentadas a discreción y quien no lo cancele es sacado del aire por la cable operadora.
A las televisoras regionales deben cancelar para que las incorporen en las compañías que operan las cable operadoras y además de sufrir cualquier tipo de abusos y atropellos, por lo cual el parlamento se ve en la obligación de defenderlas.
El capital accionario de las cable operadoras vienen de México, Estados Unidos y Argentina, las cuales dejan de cancelar impuesto ni contribuyen con el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, siendo necesario que se norme esa situación. Existen circuitos que tienen 40 emisoras en FM y 8 en AM, y cuando se hace la sumatoria porcentual tanto de FM y AM, se tiene que ocupan el 13% del espectro radioeléctrico, considerando que no existe democratización en ese sector.
La decisión adoptada por el Gobierno no busca apoderarse de ese conjunto de emisoras que no se pusieron al día con la documentación, sino que las ofertará a otras personas, donde el objetivo final que se busca es la democratización del espacio radioeléctrico.
Democratizar las emisoras de radio
Asimismo el diputado Earle Herrera (Anzoátegui) manifestó que no se trata de que el gobierno quiera arrebatarle 214 emisoras, sino que se busca democratizar el espectro radioeléctrico. El problema es político e ideológico, por lo cual apoyan la política que se está aplicando, porque por primera vez el Estado venezolano toma decisiones y la oligarquía venezolana no la echa para atrás. El espectro radioeléctrico es del Estado y por ello no puede permitirse que los mismos estén en manos de monopolios en perjuicio de la población, donde existen una serie de emisoras y canales de televisión que quieren estar al margen de la ley.
La diputada Desirée Santos Amaral (Distrito Capital) expresó que existe objetividad en la información suministrada por el ministro Cabello, donde se desmontó las afirmaciones que señalan que el sector oficial controla el espacio radioeléctrico. Propone que sería deseable determinar cuántas emisoras de radio tiene verdaderamente departamentos de prensa, cuántas contratan a periodistas, ya que solamente se limitan a leer los diarios, y por ello lo que existe es cartelización de la información. Al referirse a los circuitos radiales indicó que es novedosa ya que se debe conocer cómo funcionan esos circuitos
Medidas se adecúan al marco jurídico
El diputado Carlos Escarrá (Aragua) indicó que el problema del debate se centra en que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público del Estado y de conformidad con la Constitución es administrado por el Ejecutivo Nacional.
El parlamentario señaló que el artículo 108 de la Constitución establece que los medios de comunicación social públicos y privados deben contribuir a la formación ciudadana, el Estado Garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de biblioteca y de información con el fin de permitir el acceso universal a la educación. Igualmente expresó que el artículo 73 de la Ley de Telecomunicaciones establece que tanto las habilitaciones como las concesiones se entregan a una persona determinada, quien es la que tiene la responsabilidad frente al Estado de explotar sin sus beneficios, pero con la regulación del Estado un bien que es del dominio público.
Asimismo, manifestó que el problema no es jurídico porque en ese sentido la actuación del Ejecutivo Nacional y del ministro Diosdado Cabello se adecúa al marco jurídico que rige a Venezuela y no existe ninguna objeción por haber sido violado algún artículo o ley del país. También manifestó que las medidas adoptadas permitirán que el Estado rescate las habilitaciones y concesiones que fraudulenta e ilegalmente están explotando un conjunto de elementos del sector privado, para distribuirla entre el pueblo, los consejos comunales, las comunas y las distintas organizaciones sociales